Odebrecht chantajea al Estado peruano

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La constructora brasileña Odebrecht tomó de mala manera el anuncio del ministro de Justicia, Salvador Heresi, sobre el monto de reparación que tendría que pagar esta empresa al Estado peruano, que bordearía los 1,500 millones de dólares.

A través de un comunicado, la compañía informó que mantienen la misma conducta asumida a inicios del presente año sobre su colaboración con las investigaciones que la justicia peruana realiza.

Sin embargo, esta declaración no se ajustaría a la realidad. Según fuentes gubernamentales la constructora habría condicionado su colaboración a una reducción del pago de la reparación civil por el perjuicio al Estado peruano.

“Tamaña es la disparidad comparativa (respecto a la reparación civil) con otros países con los cuales Odebrecht ha firmado acuerdos que, caso la cifra indicada sea confirmada oficialmente, la empresa tendrá que evaluar cuidadosamente los posibles impactos y consecuencias dentro del ámbito de la colaboración en curso para así retomar la interlocución con las entidades competentes”, informó Odebrecht.

Un equipo especial del Ministerio Público, a cargo de Hamilton Castro, tiene a su cargo la investigación de los sobornos que empresas brasileñas pagaron a funcionarios de medio y alto rango del Perú para adjudicarse megaproyectos.

Hamilton Castro, titular de este equipo de trabajo, informó la semana pasada en conferencia de prensa que son más de US$29 millones los pagos irregulares que Odebrecht realizó en el país durante varios gobiernos.

INFORMACIÓN BOMBA

De otro lado, el Ministerio Público recibirá de la justicia de Brasil información contenida en los sistemas informáticos que usó la constructora Odebrecht para registrar sus actividades ilícitas.

Para ello, se sabe que la Fiscalía aceptó los términos de compromiso que las autoridades fiscales brasileñas impusieron para el traslado de la información referida a actos de corrupción que fueron registrados en ambos softwares.

Se trata de los sistemas informáticos My Web Day y Drousys, los cuales fueron utilizados por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht o la denominada “Caja 2”, en Suiza, donde se realizaba la contabilidad paralela de las actividades ilícitas de la constructora brasileña.

Entre los requerimientos que las autoridades brasileñas hicieron está el compromiso de usar la información en las investigaciones fiscales, por lo que no se podrá hacer uso político de esta, pero sí podrá ser derivada a otras fiscalías especializadas con el objetivo de iniciar nuevas investigaciones fiscales o sumar elementos de convicción a investigaciones en curso.

Esta información que las autoridades peruanas recibirán de Brasil es la misma que la Fiscalía solicitó a las autoridades de Suiza en diciembre de 2016, la misma que fue reiterada en varias oportunidades mediante mecanismos de cooperación judicial internacional, pero cuya respuesta aún está pendiente.

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